El gran emprendedor Richard Branson nos
advierte que “la complejidad es tu
enemigo. Cualquier tonto puede hacer algo complicado. Lo difícil es mantener
las cosas simples”.
Cuando se echa la vista atrás, no hace falta
ir mas allá de 25 años, se puede ver lo rápido que ha evolucionado la ciencia, la
tecnología, la sociedad, y con ellas adaptándose a las nuevas realidades y
necesidades de la ciudadanía, el mundo financiero y de los “negocios”.
Es evidente la evolución de los modelos de
negocio, que ha favorecido a aquellos que mejor se han adaptado a las nuevas tecnologías
y necesidades sociales en detrimento de otros, grandes en su momento, pero
incapaces de adaptarse a las nuevas realidades, debido a su falta de
flexibilidad y creatividad, convencidos de que su mero tamaño les hacia
invulnerables cual grandes dinosaurios del Jurásico. Apple, Microsolft, Google,
Amazon, Virgin o Facebook, fueron creadas casi de la nada con los mejores
recursos posibles; la imaginación y la creatividad.
Curiosamente el sector de la seguridad
privada en España ha pretendido vivir ajeno a estas nuevas realidades, únicamente
preocupado por maximizar los beneficios empresariales aun a costa de precarizar
el sector, arrastrar a la miseria a sus profesionales y reducir la calidad del
servicio prestado con el único fin de obtener suficiente margen de maniobra
para sostener infraestructuras y jerarquías.
Sin embargo, la sociedad moderna, exige
nuevos estándares no solo de calidad en la seguridad, pública y privada, sino también lo que desde ya hace un par de décadas viene denominándose
responsabilidad social corporativa, es decir una concienciación de que no todo
vale a la hora de obtener lucro económico. Conviene recordar que a fin de
cuentas la seguridad privada es en gran medida complementaria, que no
sustitutiva, de la seguridad pública, atendiendo a la satisfacción de una necesidad
social y como tal firmemente regulada por la Administración.
La crisis económica no hizo sino agravar esta
situación. Las empresas en lugar de adaptarse reduciendo costes innecesarios,
especialmente ejecutivos y de ineficiencia operativa, decidieron recortar salarios, formación
y derechos sociales a sus empleados, cuando no despedir al personal más
cualificado y experimentado para sustituirlo por jóvenes inexpertos e inmaduros
, con la consiguiente degradación del servicio que conlleva la desmotivación y falta
de preparación de buena parte de los vigilantes, personas que conviene recordar, portan un arma y deben velar por la seguridad de todos. Tristemente la
respuesta de la Administración Pública a esta degradación de la calidad de la
seguridad privada no ha estado a la altura, llegando incluso a aprovechar el
subastéo de precios de las licitaciones para reducir costes sin atender a los
criterios de calidad de los servicios públicos.
A todo este desolador panorama sectorial
ajeno a las necesidades sociales de sus clientes internos y externos, hay que
unir los retos de las nuevas amenazas a la seguridad pública y privada en Europa,
especialmente las concernientes al terrorismo internacional, pero también otras
como el crimen organizado y la violencia de género o la proliferación de
movimientos políticos racistas, excluyentes y xenófobos, o la necesidad de
garantizar el funcionamiento de las infraestructuras de transporte y
comunicaciones, tan necesarias para el desarrollo económico.
Estas amenazas, requieren una respuesta adecuada
en primer lugar por parte del Gobierno y la Administración Pública, que son los
responsables de garantizar con las máximas garantías posibles, la seguridad de
la ciudadanía, es decir aquellos que con sus impuestos, pagan los recursos que
gestionan en su nombre.
Es evidente que las Fuerzas de Seguridad del
Estado (FCSE) no están en condiciones de garantizar el cumplimiento de los
nuevos estándares de seguridad pública que exige la ciudadanía de un país occidental
moderno, al no regirse su gestión por criterios de eficiencia.
Las FCSE son parte de la Administración Pública
española y comparten sus mismas carencias e ineficacias que se pueden resumir
en absoluta falta de flexibilidad, incluida su política de plantillas, puestos
y destinos, ausencia de asunción de
responsabilidades y disciplina laboral, falta de decisión, cadenas de mando
interminables, falta de criterios de merito en los procesos de ascenso, métodos de
reclutamiento y selección propios del siglo XIX, falta de motivación, y mi
favorita, ausencia de toda conciencia de ser un servicio a la ciudadanía, considerando
a los ciudadanos súbditos al servicio de la Administración Pública.
Bajo estos parámetros, y por mucho empeño que
ponen los agentes de la seguridad pública en cumplir abnegadamente su función
a pie de calle y de cara al ciudadano, su eficacia se ve comprometida por las
cargas que impone una gestión pública ineficaz. Por cada agente en la calle en
tareas de seguridad ciudadana hay al menos otros 3 funcionarios en puestos burocráticos,
de mando o dedicados a tareas auxiliares. De esta forma el coste real de cada
agente de seguridad ciudadana efectivo se eleva a costes difíciles de
cuantificar.
Cataluña ha puesto en evidencia los límites
de la respuesta de la seguridad pública a los problemas puntuales o emergencias
de seguridad, eso sin contar con el riesgo de su posible cronificación.
La posibilidad de ser reforzadas o
respaldadas por las Fuerzas Armadas (FAS) es poco realista. Las FAS ya están al
límite de su operatividad, con unas plantillas demasiado ajustadas y una
estructura burocrática y logística similar a la de las FCSE que supone que solo
podría aportar unos escasos miles de efectivos reales operativos, a cambio
dejarlas incapaces de asumir sus fines de defensa de los intereses nacionales.
Tampoco parece que el sector de la seguridad privada
nacional esté en condiciones de dar respuesta a los nuevos retos de la
seguridad. Con unas empresas con modelos de gestión y decisión del siglo
pasado, con unos gastos de estructura y necesidades de lucro económico que
suponen más del 50% de los ingresos, y buscando compensar su ineficiencia empeorando
condiciones laborales de los vigilantes de seguridad, expulsando del sector a
los más eficaces y experimentados para sustituirlos por bisoños poco exigentes,
mas complacientes y menos motivados, no parece estar a la altura de los estrictos
requisitos que requiere el respaldar a
las FCSE en sus labores de seguridad al servicio de la ciudadanía. En ese
contexto, el conflicto laboral de los servicios de seguridad privada
contratados por la empresa pública AENA, no es más que la punta del iceberg que
se esconde tras la precarización del sector.
Por todo ello la solución a los nuevos retos
de la seguridad pública deben ser afrontados con nuevas perspectivas. En primer
lugar está claro que sería negligente por parte de los responsables de
gestionar la seguridad pública, no planificar adecuadamente los posibles escenarios
de seguridad posibles a corto, medio y largo plazo, para determinar en que medida,
puestos y escenarios la seguridad privada puede y debe colaborar en garantizar
a la ciudadanía su derecho a la seguridad.
Existe un gran abanico de ámbitos en los que
la seguridad privada puede sustituir o respaldar a las FCSE, especialmente
considerando las nuevas amenazas de seguridad pública. Desde la protección de
infraestructuras criticas, de transporte y comunicaciones a la protección de
intereses nacionales en el extranjero, pasando por la seguridad de las víctimas
de violencia de género.
No es nada nuevo. En el pasado ya la
seguridad privada asumió competencias tan sensibles como a escolta de personalidades
publicas en respuesta a amenazas terroristas, y ahora lo hace en tareas de protección
de mujeres amenazadas por violencia de género. Incluso ha asumido competencias
de seguridad en el exterior de España protegiendo los pesqueros nacionales en
el Índico, incluso con el empleo de armas de guerra. Dicha labor ha sido
desempeñada fundamentalmente por exmilitares experimentados.
Sin embargo la realización eficaz de estas
tareas en los nuevos entornos de seguridad requiere avanzar en la figura tradicional del
vigilante de seguridad, tal y como es concebido y sobre todo considerado y
maltratado por el sector de la seguridad privada y la administración pública. Igual
que en su día se realizó con otras figuras de la seguridad privada como son los
escoltas, es preciso establecer una nueva figura y requisitos que se adapten a
las nuevas necesidades. Hay que crear y dar contenido al concepto del Agente de
Seguridad Privada. Un profesional altamente cualificado, motivado y capacitado para
asumir nuevas responsabilidades, pensando siempre en el servicio público a la ciudadanía
como único objetivo de su trabajo. Un tipo de profesional que encaja con el
perfil que ofrece el personal con amplia experiencia de servicio en las FAS,
los escoltas que garantizaron la continuidad del Estado de Derecho enfrentando
la amenaza terrorista y muchos veteranos profesionales de la seguridad
altamente preparados y experimentados, desechados por un sistema cuyo único fin
es primar los intereses económicos y el lucro sobre la calidad del
servicio y los intereses públicos.
Está claro que es todo un reto que precisa de
amplitud de mente, capacidad de decisión y valentía por parte de los
responsables de gestionar la seguridad en España. Pero sobre todo es necesario
ser muy cuidadosos a la hora de establecer los requisitos que se exijan al sector
de la seguridad privada para gestionar semejante responsabilidad.
“La
complejidad es tu enemigo. Cualquier tonto puede hacer algo complicado.
Lo difícil es mantener las cosas simples”. Las nuevas formas de gestión
empresarial, basadas en la excelencia, la flexibilidad, el compromiso y la formación, con jerarquías
planas y sin gastos de estructura, son la única fórmula para que el sector de
la seguridad privada se adapte a las nuevas realidades y necesidades que
imponen los nuevos retos de la seguridad.
Un hombre triunfador es aquel que puede hacer una base firme con los
ladrillos que otros le han tirado.
Jose Federico Villamil Calva
fedevillamil@fortiumsc.eu
Coordinador del blog
Coordinador de la División Fortium ITS
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