Todos los sectores
profesionales han sufrido o sufren el fenómeno del intrusismo, pero en el
sector de Seguridad Privada es donde más extendido está; se ha hecho endémico,
y muy difícil de combatir.
En España desde 1992 tenemos
una ley de Seguridad Privada (23/1992) y reglamento (2364/1994) que fueron muy
novedosos en su momento y motivo de inspiración para la legislación de otros
países. La nueva Ley 5/2014 apareció como la definitiva oportunidad para acabar
con el intrusismo y así se presentó, por parte de las autoridades, a las
empresas y profesionales del sector. La nueva Ley no solo dejaba claras cuáles
eran las funciones de los Vigilantes y otras especialidades de la seguridad
privada, además en ella se contemplaban sanciones muy cuantiosas para empresas,
usuarios e incluso para las personas que
trabajaban sin la preceptiva habilitación. Las sanciones a clientes podían
llegar a los 100.000 € en los casos más graves. Pero pasados tres años desde su
implantación, nada significativo se ha hecho y además no contamos todavía con
el Reglamento que regula dicha Ley. Reglamento que parece que está a la vuelta
de la esquina, pero que nunca llega.
El colectivo de Vigilantes
de Seguridad, poco a poco, y gracias a la formación y profesionalidad de sus
integrantes va gozando de mayor prestigio. Hoy en día, la figura del vigilante
uniformado forma parte del paisaje de cualquier ciudad, tanto o más, que las FF
y CC de seguridad pública. En la entrada de edificios públicos, teatros,
museos, trasporte público, colegios, universidades, centros comerciales, tanto
en centros privados como públicos 80.000 profesionales día a día,vigilan
bienes y protegen personas. Todo este buen
hacer, todo este esfuerzo por dignificar un colectivo se ve menoscabado por el intrusismo.
La
connivencia de empresas y clientes en el afán de reducir costes lleva a una
precarización en los servicios. La formación de los vigilantes es suficiente
para que estos lleven a cabo su labor con la profesionalidad requerida. Además
las empresas están cubiertas con seguros de caución y responsabilidad civil, no
así, en aquellos servicios donde hay auxiliares u otro tipo de personal. Esto
ofrece las garantías necesarias para que cualquier cliente que contrate
seguridad privada, pueda estar tranquilo sabiendo que su seguridad personal y
la de sus bienes, está en buenas manos.
Sin embargo los riesgos que
conlleva la contratación de personal sin la habilitación expedida por la DGP,
no son solo los derivados del incumplimiento de una norma, comentado antes;
también existen los riesgos propios de la falta de formación de las personas
que se contratan. Los riesgos inherentes a una mala actuación ante un hecho
delictivo, una intrusión o cualquier otra eventualidad en su lugar de trabajo
pueden acarrear consecuencias imprevisibles, incluso penales. Se puede imaginar
la acción de un auxiliar que agrede, o es agredido por un presunto ladrón; o
que al intentar impedir el acceso a su lugar de trabajo a una persona y por
cualquier motivo, le lesiona accidentalmente.
Pensemos en una duda a la hora de
evacuar en un incendio, mostrar una salida de emergencia. Multitud de casos en
los que una mala praxis puede provocar un mal mayor que el que un V.S. en una
negligencia podría provocar, por el añadido de no tener cobertura ante la
responsabilidad civil. Para ilustrar todo
baste recordar casos como el del “Madrid Arena” y otros similares, que
para los conocedores del sector se habrían evitado, o al menos paliado en parte,
si el personal encargado de la seguridad hubiese sido vigilantes de seguridad.
Las empresas y clientes,
cómodos ante la falta de controles; la pasividad de los organismos que deben
velar por el cumplimiento de la norma y que con su inacción, perjudican los intereses
del colectivo. Las últimas reformas laborales han provocado una merma en los
salarios de los V.S. y los descuelgues de convenios, sueldos por debajo del
SMI. Y aun así, no se ha logrado parar el intrusismo.
Lo principal para el sector,
pasa por concienciar al cliente contratante de servicios de seguridad privada,
de la idoneidad de elegir un personal formado y profesional para sus
necesidades. Empresas que primen la calidad del servicio que ofrecen antes que
el máximo beneficio y a cualquier coste. Ahorro y seguridad son incompatibles.
Ya no es solo una cuestión de cumplir una ley que nos hemos dado todos, se
trata de sentido común, de entender que la seguridad es un bien importante para
la sociedad y que éste no puede estar en manos de personas“con buena voluntad”,
sino en profesionales formados y experimentados.
En tiempos de paro no se
puede culpar que las personas quieran ganar su pan honradamente, pero
tratándose de la seguridad y de las graves consecuencias que puede acarrear la
falta de profesionalidad, es necesario el esfuerzo de todos (Empresas,
clientes, Policía) pero también la concienciación de aquellos que saben pueden
tener problemas que pueden marcar sus vidas, por un trabajo para el cual no han
recibido la formación que requiere.
La Unidad de Policía
Nacional de Seguridad Privada (UPNSP) se viene quejando de la falta de medios
para perseguir de forma efectiva el intrusismo. Lo cierto es que solo mediante
denuncia, esta unidad de policía investiga un servicio en el que se sospeche
pueda estar cubierto por personal no habilitado. Tiempo es que cualquier
policía pueda intervenir e investigar lo que a todas luces es un incumplimiento
de la ley vigente, como se haría con cualquier otro incumplimiento.
Por último, la Seguridad
Privada es un sector que mueve miles de millones de €, en España y en el mundo.
Directivos e Inversores están o han estado muy vinculados a los mandos de las
FF y CC de seguridad y a cargos de gobiernos y partidos. Oscuros intereses
siempre han envuelto la Seguridad Privada. Esperamos que los propios V.S. con su buen hacer hagan
invertir la ascendente “inseguridad”
del sector.
Bernardo
Gil Hernández.
Cooperativista
de Fortium CNS
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